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La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido 6 mil 523 alertas ciudadanas y de funcionarios en las que acusan a burócratas federales de cometer presuntos actos de corrupción como cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.

A través del programa "Ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción", plataforma ideada para crear una red de informantes para combatir la corrupción en el gobierno, se han logrado abrir investigaciones que derivan en sanciones y hasta destituciones. De acuerdo con la información proporcionada por la Función Pública a MILENIO, de las 6 mil 523 alertas, han sido desechadas 5 mil 621; 2 mil 198 por falta de elementos y 3 mil 423 por incompetencia y 10 están en espera de información complementaria. Es decir, apenas fueron avaladas 892 alertas, equivalente al 13 por ciento del total.

En este último universo, se procedió en las investigaciones resultando en inhabilitaciones, amonestación privada y suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución e inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos y obras púbicas.

Pese a que se reciben denuncias detalla que pueden proceder en este tipo de castigos para los que cometen actos de corrupción, la SFP no transparentó la información sobre el nivel de los funcionarios sancionados.

Su argumento fue que la plataforma "no está diseñada con algún formulario que registre datos específicos como lo es el nivel de los funcionarios denunciados, por lo que existe imposibilidad jurídica y material para reportar la información solicitada por el ciudadano". 

Y aunque son los administradores de esta estrategia, se declararon incompetentes para informar de qué dependencias son los funcionarios sancionados.

"La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara".

Según la presentación de esta plataforma, su objetivo es facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin sufrir represalias.

A través de este sistema se garantiza la confidencialidad de las denuncias, protege el anonimato del alertador y sirve como herramienta en el combate a la corrupción y la impunidad.

"El alcance de esta herramienta comprende a cualquier persona que conozca de un hecho grave de corrupción (sobre cohecho, peculado, desvío de recursos públicos) en el que estén involucradas personas servidoras públicas federales". 

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