Una de las cosas esperadas en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), es que salga a la luz diversa información sobre sus movimientos ilegales, entre la que destacan los negocios que tuvo con diferentes instancias y funcionarios del Gobierno.

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Hidalgo, señaló en entrevista para Milenio que envió a las autoridades estadounidenses documentos que prueban que políticos federales y estatales ayudaron a García Luna a hacer contratos valuados en millones de dólares.

De acuerdo con Nieto Castillo, el gobierno mexicano entregó a fiscales neoyorquinos sus pesquisas por posible lavado de dinero sin importar que lo estén juzgando por tráfico de drogas. Principalmente porque se hizo contratista gubernamental en materia de seguridad durante el sexenio pasado.

Lo anterior se suma a una denuncia civil en Florida que se levantó a petición de México para recuperar 250 millones de dólares en activos de García Luna y de sus asociados Mauricio y Alexis Wheinberg, quienes habrían recibido un pago indebido por parte del Estado.

Señaló que la actual situación de violencia provocada por 19 grupos del crimen organizado, incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico o también conocido como de Sinaloa, con presencia a nivel nacional, se generó a partir de los acuerdos que hizo el ahora detenido con algunas organizaciones, pues eso derivó en que sólo algunos criminales fueran perseguidos.

Ante la cercanía del juicio y el delicado proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos, el extitular de la UIF señaló que “van a salir nombres”; sin embargo, no quiso dar a conocer ninguno de los que sabe que celebraron contratos con el gobierno federal, de la Ciudad de México y empresas de García Luna.

“Esa información se encuentra en posesión de las autoridades norteamericanas y de las autoridades mexicanas y es algo que se empezará a discutir”.

“Es un hecho es que las contrataciones de gubernamentales de las empresas de García Luna, tanto de Nunvav como Glac, se sustentan en contratos en la Administración Pública Federal y esos contratos ya están en posesión de las autoridades mexicanas y norteamericanas”, añadió.

En las investigaciones que realizaron hallaron que el dinero llegaba a una empresa en México. Esta, a su vez, lo mandaba a Panamá y en ese país se iba distribuyendo a varias partes, particularmente a Miami, donde estaba García Luna, pero también a otros destinos como Tel Aviv, Nassau y Letonia.

“Paralelamente hubo otro contrato de otra empresa Glac, que fue contratada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y un contrato por 32 millones de pesos para hacer un diagnóstico sobre una fiscalía en materia de secuestro, me parece demasiado para hacer un diagnóstico de una fiscalía”.

Aseguró que al tener esos contratos, en alguna de las audiencias aparecerán los nombres de los funcionarios que hicieron contrataciones con las empresas de García Luna a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como en la Secretaría de Gobernación.

Si bien dijo que hay posibilidad de que no ocurra en la próxima audiencia, porque la prioridad para Estados Unidos son los cargos relacionados con narcotráfico, es muy probable que los nombres se mencionen en algún momento; en el caso de México, el interés está en las acusaciones por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.